Considerando que:

La agricultura provee a la sociedad de alimentos y materias primas pero, además, si se promueve su naturaleza multifuncional, juega un papel fundamental en la garantía de la salud pública, la protección del medio ambiente, la lucha contra el hambre y el desempleo y, más importante aún, en la pervivencia de las Comunidades Rurales, poseedoras de unas culturas y unas formas de vida singulares.

Los mercados no garantizan por sí solos la multifuncionalidad de la agricultura, ya que sólo remuneran la producción de materias primas agroalimentarias y no toman en consideración los beneficios de carácter agroambiental, social y cultural asociados al ejercicio de la actividad agraria, lo que hace necesario arbitrar nuevas políticas, tanto a nivel local como a nivel global, que estimulen dicha multifuncionalidad.

Por el contrario, los Acuerdos sobre el capítulo agrícola de la Ronda Uruguay han impulsado la liberalización del comercio agroalimentario internacional, lo que genera incertidumbre para el propio desarrollo de los espacios rurales e introduce un factor de riesgo importante en los ingresos que los agricultores obtienen de la agricultura.

La aplicación exclusiva de criterios de competitividad a la actividad agraria puede conducir a la deshumanización de los espacios agrarios y al sacrificio de la vida rural en zonas áridas, montañosas y en los espacios más frágiles del planeta. La vida humana en zonas vulnerables intervenidas (transformadas) durante siglos es condición para los equilibrios ambientales y culturales de numerosas sociedades en desarrollo.

El Comercio no es un fin en sí mismo sino un instrumento del que la sociedad puede hacer uso para alcanzar determinados objetivos. En cambio, sí son objetivos de política económica: el mantener vivos los espacios rurales, la generación de riqueza de una forma más equitativa, la cohesión, la reducción del hambre y el desempleo, así como el progreso democrático. Y no procede sacrificar todo ello por el mero hecho de obtener más comercio agroalimentario.

Todavía hoy, determinados Países Desarrollados basan una buena parte de sus políticas agrarias en el apoyo público a la cantidad de producto a través de compras públicas de la producción a un precio predeterminado. En estos países sigue primándose el volumen de producción en lugar de su calidad, lo que genera desequilibrios en la distribución de la renta entre los agricultores de dichos países y, a la vez, afecta negativamente a los agricultores de los Países en Desarrollo. El desarrollo sostenible precisa de la diversificación de la producción mediante la mejora de la calidad y la elaboración de productos de alto valor añadido.

La utilización de las subvenciones a los productos agrarios en los Países Desarrollados disminuye los precios agrícolas en los mercados mundiales, lo que reduce las ganancias que el intercambio exterior reporta a los Países en Desarrollo y merma los ingresos de los agricultores en estos países. Además, se hace más difícil el acceso de los Países en Desarrollo a la tecnología agrícola disponible, así como el mantenimiento de su capacidad competitiva y para proteger su medio ambiente.

Los países Menos Desarrollados se ven impulsados a convertirse en importadores netos de alimentos creándose una dependencia progresiva del abastecimiento externo y reduciéndose la seguridad alimentaria de sus sociedades. En contrapartida, las agriculturas de los países en desarrollo son estimuladas a realizar procesos de reconversión productiva destinados a proveer, por la vía de las exportaciones, la demanda de bienes agroalimentarios de las sociedades desarrolladas. Tales procesos de reconversión, sólo han alcanzado alguna significación para las áreas más fértiles de las agriculturas en desarrollo y sólo para algunas de las explotaciones de gran escala. La gran masa de agricultores que cultivan granos y alimentos básicos se ve pauperizada, al tener que competir con alimentos baratos, sin poder reconvertirse en exportadores de productos de mayor valor añadido y con mercados limitados.

Mientras los acuerdos para la liberalización del comercio representan una oportunidad para que todos los países se beneficien de un mayor acceso a los mercados mundiales, los dispositivos de protección social, el marco de las relaciones laborales y la protección del medio ambiente pueden verse amenazados por el librecambio. De la misma forma, puede darse la práctica, por parte de algunos países desarrollados, de utilizar indebidamente dichos argumentos para cuestionar las legítimas ventajas competitivas de los países menos prósperos.

La organización política internacional es eminentemente estatal a pesar de que los grandes problemas y desafíos, entre los que se encuentra el desarrollo del espacio rural, requieren tanto del desarrollo de las instituciones internacionales como de la definición de planes y políticas de actuación a nivel internacional que garanticen el medio de vida de las personas. Simultáneamente, es necesario que estos valores básicos acordados globalmente sean desarrollados y diferenciados por las autoridades locales de acuerdo con la situación concreta de cada región.

La distinción entre políticas locales, nacionales e internacionales está desapareciendo. Existe una necesidad creciente de que entre estos niveles haya una mayor interacción así como un mayor flujo de ideas desde los niveles más próximos al ciudadano hacia los niveles superiores. Esto permitiría una mayor participación de la sociedad civil y de sus grupos.